La protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad jurídica y social en Colombia, y en los últimos años el país ha implementado herramientas normativas sólidas para garantizar entornos seguros. Una de estas herramientas es el Decreto 753 de 2019, que reglamenta la Ley 1918 de 2018 y establece la obligación de que todas las empresas consulten el Certificado de Antecedentes de Delitos Sexuales antes de contratar a cualquier persona que tenga contacto directo, habitual o permanente con menores de edad. Esta norma no solo es un requisito legal, sino un compromiso ético de todas las organizaciones que, de manera directa o indirecta, trabajan con población infantil.
El Decreto 753 de 2019 aclara que la consulta del certificado es obligatoria para cualquier entidad, ya sea pública o privada, que vincule personal cuya labor implique contacto frecuente con menores. Esto incluye docentes, auxiliares pedagógicos, entrenadores, conductores de transporte escolar, psicólogos, cuidadores, personal de aseo o vigilancia en instituciones educativas, voluntarios y cualquier otro rol que tenga interacción constante con niños o adolescentes. En sectores como instituciones educativas, fundaciones, academias deportivas, centros culturales, empresas de transporte escolar, programas de atención infantil o iglesias, esta consulta es especialmente relevante, pues su actividad implica una relación directa con menores y un mayor deber de protección.
La consulta del certificado es gratuita y se realiza completamente en línea a través de la página oficial del Ministerio de Defensa de Colombia (https://www.mindefensa.gov.co). El proceso consiste en ingresar al portal, proporcionar los datos personales del candidato y descargar el certificado actualizado, que debe almacenarse en el expediente del trabajador. De acuerdo con la normativa, las empresas deben consultar el certificado antes de iniciar cualquier proceso de vinculación y, además, deben realizar una actualización anual mientras dure la relación laboral. Esto convierte el certificado en un requisito permanente, esencial dentro de los protocolos de talento humano.
El incumplimiento de esta obligación puede tener consecuencias significativas. Una empresa que omite la consulta se expone a sanciones administrativas, multas laborales e investigaciones por parte del Ministerio del Trabajo. En casos más graves, si una persona con antecedentes de delitos sexuales comete un acto de abuso dentro de la organización, la empresa puede enfrentar responsabilidad civil por omisión en los procesos de control y selección, e incluso responsabilidad penal por negligencia. Además, el daño reputacional puede ser irreparable, afectando la confianza de las familias, los usuarios y la comunidad en general.
El decreto también establece que si el certificado presenta antecedentes, la persona no puede ser contratada bajo ninguna circunstancia. El empleador debe cancelar de inmediato el proceso de vinculación, conservar el certificado como soporte y documentar internamente el motivo de la no contratación. Esta prohibición es estricta y busca garantizar que ninguna persona con historial de violencia sexual tenga acceso a escenarios donde su presencia pueda representar un riesgo para los menores.
Para dar cumplimiento adecuado a la norma, las empresas deben integrar este procedimiento dentro de sus protocolos internos de talento humano. Esto implica incluir el requisito en las convocatorias laborales, incorporarlo en las entrevistas de selección, capacitar al equipo de recursos humanos en la aplicación correcta del decreto y establecer procesos claros de archivo y seguimiento anual. También es recomendable que las organizaciones incluyan este requerimiento en sus reglamentos internos o en sus políticas de protección infantil, de manera que todo el personal entienda su importancia y obligatoriedad.
Implementar adecuadamente esta obligación representa múltiples beneficios para las empresas. No solo garantiza un entorno seguro para los niños y adolescentes, sino que fortalece la confianza de la comunidad, reduce los riesgos legales y mejora la reputación institucional. Cumplir con el Decreto 753 de 2019 demuestra responsabilidad social, transparencia y compromiso con la protección de la infancia.
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En conclusión, la consulta del Certificado de Antecedentes de Delitos Sexuales es un procedimiento indispensable para cualquier empresa que trabaje con menores de edad. Este proceso no debe verse solo como un trámite administrativo, sino como una herramienta de prevención fundamental que protege a los niños, evita riesgos legales y fortalece la integridad de las organizaciones. El Decreto 753 de 2019 es una guía clara para garantizar entornos laborales seguros y confiables, y su cumplimiento es una obligación que debe asumirse con responsabilidad y rigor.