Introducción: el auge de las criptomonedas y el reto regulatorio en Colombia
El crecimiento del mercado de las criptomonedas en Colombia ha transformado la forma en que las empresas y los ciudadanos interactúan con el sistema financiero. Lo que inició como una alternativa descentralizada al dinero tradicional, hoy representa un fenómeno económico y jurídico con profundas implicaciones. Sin embargo, el desarrollo acelerado de este ecosistema digital también ha generado incertidumbre frente a su regulación, control y supervisión estatal.
A pesar de no existir una ley específica que regule integralmente las criptomonedas, diferentes autoridades como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte han emitido lineamientos y advertencias sobre su uso, los riesgos asociados y la responsabilidad de las sociedades que operan en este ámbito.
Desde la perspectiva jurídica y empresarial, el reto consiste en integrar el uso de criptoactivos dentro de un marco de compliance normativo que garantice la legalidad, la transparencia y la protección de los usuarios.
En Derecho Empresarial brindamos asesoría especializada para empresas que incursionan en entornos digitales y desean cumplir con los estándares regulatorios nacionales e internacionales.
Marco general: ¿qué son las criptomonedas y cómo funcionan en Colombia?
Las criptomonedas son activos digitales diseñados para funcionar como medio de intercambio mediante tecnología blockchain, que garantiza trazabilidad, descentralización y seguridad. Entre las más conocidas se encuentran Bitcoin, Ethereum y Tether, pero en Colombia han surgido múltiples plataformas que ofrecen compraventa, almacenamiento o intercambio de estos activos.
En el país, el uso de criptomonedas no está prohibido, pero tampoco cuenta con reconocimiento oficial como moneda de curso legal. Es decir, las personas pueden adquirir y utilizar criptoactivos bajo su propia responsabilidad, pero el Estado no garantiza su valor ni su respaldo.
Esto implica que las operaciones con criptomonedas se desarrollan en un entorno de libre riesgo, donde la diligencia empresarial y la educación financiera resultan fundamentales para prevenir fraudes, lavado de activos o pérdidas patrimoniales.
Supervisión y postura de las entidades regulatorias en Colombia
Aunque las criptomonedas no cuentan con una regulación unificada, diferentes entidades han asumido competencias parciales sobre su vigilancia, cada una desde su ámbito funcional. A continuación, se detalla la posición de las principales autoridades nacionales.
1. Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
La Superintendencia Financiera ha sido clara en su postura: las criptomonedas no son monedas de curso legal, ni los intermediarios financieros están autorizados para custodiar, invertir o intermediar en operaciones con estos activos.
A través de varias circulares y comunicados —especialmente el Concepto 2017008136-001 de 2017— la SFC advierte sobre los riesgos inherentes al uso de criptoactivos, como la volatilidad, la falta de respaldo estatal y la posibilidad de que se utilicen para actividades ilícitas.
No obstante, la entidad ha impulsado la “Arenera” o Sandbox regulatorio, un espacio experimental donde algunas empresas fintech pueden realizar pruebas controladas con activos digitales bajo supervisión del Estado. Este mecanismo busca promover la innovación sin sacrificar la seguridad jurídica ni la estabilidad financiera.
En el futuro, este tipo de iniciativas podría dar origen a una regulación más robusta y equilibrada, que permita la integración gradual de los criptoactivos en el sistema financiero colombiano.
2. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Desde la perspectiva de la SIC, la principal preocupación gira en torno a la protección de los consumidores y la gestión de datos personales. Las plataformas que operan con criptomonedas deben garantizar que sus usuarios reciban información veraz, suficiente y transparente sobre los riesgos de sus operaciones.
Además, deben cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, dado que el manejo de información sensible como documentos de identidad, contraseñas o direcciones digitales implica altos riesgos de ciberseguridad.
La SIC también puede intervenir en casos donde existan prácticas engañosas o violaciones al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), especialmente cuando los inversionistas son inducidos a error o no se respetan las condiciones de contratación.
Así, el enfoque de la SIC en materia de criptomonedas se centra en la transparencia comercial, la trazabilidad de la información y la defensa de los derechos del usuario.
Puede consultarse más sobre su regulación en el portal oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Superintendencia de Transporte
Aunque menos conocida en este contexto, la Superintendencia de Transporte ha tenido un papel incipiente en la regulación indirecta de operaciones con criptomonedas, particularmente en los sectores logísticos y de comercio electrónico, donde los pagos digitales pueden involucrar criptoactivos.
El enfoque de esta entidad ha sido promover la legalidad de las transacciones electrónicas y garantizar que las empresas de transporte que utilicen mecanismos digitales para sus operaciones cumplan con los requisitos contables, tributarios y contractuales establecidos en la ley.
De esta forma, la Superintendencia de Transporte se alinea con el principio general de que ninguna operación digital puede sustraerse del marco normativo nacional, aun cuando involucre activos descentralizados.
Perspectiva empresarial: retos de cumplimiento y responsabilidad
Para las empresas colombianas, el uso de criptomonedas representa una oportunidad de innovación, pero también un desafío de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
En el ámbito societario, las compañías deben tener en cuenta aspectos como:
El registro contable y fiscal de las operaciones con criptoactivos.
La obligación de reportar operaciones sospechosas ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
La necesidad de implementar programas de compliance antilavado (SARLAFT) y ciberseguridad corporativa.
La responsabilidad solidaria de los administradores cuando se realicen inversiones sin autorización o sin la debida diligencia.
La adopción de criptomonedas sin una adecuada planeación jurídica puede derivar en sanciones, pérdida de inversiones o conflictos con los reguladores.
Por ello, es fundamental contar con una asesoría especializada que garantice la correcta gestión de los activos digitales dentro del marco legal colombiano.
Aspectos tributarios y contables de las criptomonedas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha determinado que las criptomonedas deben ser tratadas como activos intangibles, sujetos a declaración y tributación.
Esto implica que los ingresos obtenidos por su compraventa o minería están gravados y deben incluirse en el patrimonio del contribuyente.
Las empresas que reciben pagos en criptomonedas deben registrarlos en su contabilidad conforme a las normas de información financiera (NIIF), reconociendo el valor de mercado y las fluctuaciones de precio.
La omisión de estos registros puede considerarse evasión fiscal o irregularidad contable, afectando la reputación y estabilidad jurídica de la sociedad.
Futuro regulatorio: hacia una ley integral de criptoactivos en Colombia
En los últimos años, se han presentado varios proyectos de ley para regular el uso de las criptomonedas, el más reciente en 2023, que busca establecer requisitos para las plataformas de intercambio, medidas contra el lavado de activos y la creación de un Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Aunque aún no ha sido aprobado, el debate legislativo demuestra la necesidad de una regulación que brinde seguridad jurídica, promueva la innovación y proteja a los consumidores.
El futuro del ecosistema cripto en Colombia dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar la libertad económica y la protección del interés público, garantizando transparencia y estabilidad en las operaciones.
Conclusión: legalidad, innovación y responsabilidad empresarial
La regulación de las criptomonedas en Colombia se encuentra en una etapa de consolidación. Si bien su uso no está prohibido, las empresas deben actuar con prudencia, transparencia y respeto por la normativa vigente.
El desafío consiste en integrar los criptoactivos dentro de un marco de buen gobierno corporativo y compliance digital, donde la innovación financiera avance sin vulnerar los derechos de los usuarios ni los principios del sistema económico.
En Darwin Ortega Derecho Laboral, acompañamos a las empresas en la evaluación de riesgos, diseño de políticas internas y cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el uso de criptomonedas y activos digitales.
Contáctenos aquí para una asesoría especializada sobre cómo operar de forma segura y conforme a la ley en entornos digitales.
Más información sobre la normativa vigente puede consultarse en la Superintendencia Financiera de Colombia.