La nueva era de la gobernanza empresarial en Colombia
En el contexto actual, las empresas colombianas enfrentan un desafío determinante: consolidar modelos de gestión que integren transparencia, ética corporativa y cumplimiento normativo (compliance) como pilares fundamentales del desarrollo sostenible y la confianza pública.
La dinámica global, marcada por los estándares de la OCDE, las exigencias de los inversionistas internacionales y las crecientes expectativas sociales, ha impulsado la necesidad de fortalecer la gobernanza corporativa en todos los sectores. Hoy, el buen gobierno no es un requisito exclusivo de las grandes compañías cotizadas, sino un componente esencial para cualquier organización que aspire a la sostenibilidad, la competitividad y la reputación.
En Colombia, este enfoque se ha traducido en una progresiva transformación regulatoria y cultural que busca alinear las prácticas empresariales con los principios de integridad, legalidad y responsabilidad social.
Marco jurídico del buen gobierno corporativo y la transparencia empresarial
La transparencia corporativa se sustenta en un conjunto normativo que combina disposiciones del derecho societario, financiero y penal. Su propósito es garantizar la rendición de cuentas, el control efectivo y la prevención de prácticas que puedan poner en riesgo la estabilidad de la organización o del mercado.
Entre las principales normas aplicables se destacan:
Ley 222 de 1995, que establece la obligación de actuar con buena fe, lealtad y diligencia, especialmente para administradores y representantes legales.
Ley 1778 de 2016, conocida como la Ley Antisoborno, que introdujo la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional.
Circular Externa 100-000011 de 2021 de la Superintendencia de Sociedades, que establece los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), de obligatorio cumplimiento para ciertos sectores.
Ley 2195 de 2022, que refuerza las medidas de transparencia y prevención de la corrupción en el sector público y privado.
Estas disposiciones conforman un sistema integral que exige a las empresas diseñar políticas, controles y mecanismos de autorregulación que permitan anticipar y gestionar los riesgos legales y reputacionales derivados de su actividad.
El buen gobierno corporativo como eje del cumplimiento normativo
El buen gobierno corporativo se entiende como el conjunto de principios, estructuras y prácticas que garantizan una administración ética, responsable y transparente de la empresa. Su función va más allá del cumplimiento formal de la ley: busca consolidar una cultura organizacional que priorice la integridad en la toma de decisiones.
H3: Principios fundamentales del buen gobierno corporativo
En el contexto colombiano, los principios esenciales que deben guiar la gestión empresarial incluyen:
Transparencia: acceso oportuno, veraz y claro a la información financiera y no financiera de la empresa.
Responsabilidad: rendición de cuentas ante los accionistas, empleados, clientes y la sociedad.
Equidad: trato justo a todos los grupos de interés (stakeholders).
Cumplimiento: observancia de la normativa vigente y de los códigos internos de conducta.
Implementar estos principios supone desarrollar sistemas internos de compliance normativo, fortalecer los comités de auditoría, y asegurar la independencia del órgano de control o del oficial de cumplimiento.
El rol del compliance normativo en la sostenibilidad empresarial
El compliance no se limita a evitar sanciones; representa una herramienta de gestión que mejora la reputación, la eficiencia y la competitividad de las organizaciones.
En Colombia, el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) exige que las compañías implementen estructuras de cumplimiento proporcionales a su tamaño, complejidad y nivel de exposición al riesgo. Estos programas incluyen:
Identificación y evaluación de riesgos de corrupción, fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Diseño de políticas internas de integridad y mecanismos de denuncia.
Capacitación continua para los empleados y directivos.
Monitoreo y auditoría permanente del cumplimiento.
Un sistema de compliance robusto permite demostrar diligencia debida y mitigar la responsabilidad de la empresa frente a las autoridades, incluso en escenarios de investigación.
Transparencia empresarial: del deber legal al valor estratégico
La transparencia ha dejado de ser una obligación formal para convertirse en un activo intangible de alto valor. Las empresas que comunican de manera abierta sus decisiones, sus riesgos y sus resultados generan confianza, facilitan el acceso a financiación y fortalecen sus relaciones con clientes e inversionistas.
En este contexto, la Superintendencia de Sociedades ha insistido en la importancia de reportar información veraz y verificable sobre aspectos financieros, ambientales y sociales. La tendencia mundial hacia los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) refuerza la idea de que el cumplimiento y la transparencia son motores de sostenibilidad empresarial.
Responsabilidad de los administradores y cultura de integridad
Los administradores son actores clave en la implementación del buen gobierno y el cumplimiento normativo. La jurisprudencia colombiana ha reiterado que su deber de diligencia no se limita a la gestión económica, sino que incluye el compromiso ético y la protección del interés social.
El incumplimiento de los deberes de transparencia o la omisión de medidas de control puede generar responsabilidad civil, administrativa e incluso penal. Por ello, las juntas directivas deben promover una cultura de integridad desde la alta dirección, asegurando que los valores corporativos permeen toda la organización.
Mecanismos internos para fortalecer el buen gobierno corporativo
Comités de ética y oficiales de cumplimiento
Toda organización moderna necesita estructuras que supervisen la conducta empresarial. Los comités de ética y los oficiales de cumplimiento cumplen un papel esencial en la identificación temprana de riesgos, la recepción de denuncias y la adopción de correctivos.
Estos mecanismos deben tener autonomía, acceso directo a la alta dirección y capacidad de decisión para garantizar su efectividad.
Códigos de conducta y políticas anticorrupción
Un componente esencial del cumplimiento normativo es la adopción de códigos de conducta, políticas anticorrupción y manuales de buenas prácticas. Estos instrumentos deben ser conocidos, comprendidos y aplicados por todos los miembros de la organización.
Su eficacia depende no solo de su redacción, sino de la capacitación continua y la existencia de canales confidenciales para reportar irregularidades.
La digitalización y la transparencia corporativa
El uso de tecnologías digitales ha transformado la gestión del cumplimiento. Hoy, las herramientas de compliance digital permiten automatizar procesos de verificación, monitorear transacciones y almacenar evidencia de cumplimiento.
Sin embargo, este avance también plantea nuevos retos en materia de protección de datos personales y ciberseguridad, especialmente bajo el marco de la Ley 1581 de 2012 y las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio.
El equilibrio entre innovación y cumplimiento se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas colombianas.
Buen gobierno y reputación empresarial
Las empresas que integran políticas de cumplimiento, transparencia y ética consolidan una reputación corporativa sólida. Esto no solo reduce riesgos legales, sino que mejora la relación con proveedores, clientes y autoridades.
La Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Sociedades han enfatizado que la reputación empresarial es un bien jurídico tutelado, cuya afectación puede derivar en perjuicios económicos significativos. Por tanto, el cumplimiento debe ser asumido como una inversión en confianza, no como un costo operativo.
Desafíos actuales y tendencias internacionales
A nivel global, las tendencias en materia de cumplimiento y gobernanza apuntan a una mayor transparencia en la cadena de valor, la protección de los denunciantes (whistleblowers) y la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial.
Colombia ha avanzado en la adopción de estas prácticas, pero aún enfrenta retos importantes, especialmente en la implementación efectiva de los programas de cumplimiento en pequeñas y medianas empresas.
Según el informe de Transparency International sobre percepción de corrupción 2025, el fortalecimiento de los mecanismos de integridad empresarial es fundamental para consolidar la confianza en las instituciones.
Conclusión: hacia una cultura empresarial de integridad
El fortalecimiento del buen gobierno corporativo y el cumplimiento normativo en las sociedades colombianas no es una opción, sino una necesidad. Las empresas deben evolucionar hacia modelos de gestión basados en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, entendiendo que la integridad es el mejor activo para generar valor sostenible.
En Darwin Ortega Derecho Laboral – Derecho Empresarial trabajamos en el diseño e implementación de estrategias jurídicas que promueven la transparencia y previenen riesgos corporativos, acompañando a las empresas en la construcción de entornos éticos, seguros y sostenibles.
El compromiso con el compliance normativo y el buen gobierno no solo protege a las organizaciones de sanciones, sino que las proyecta como actores confiables y responsables ante el mercado y la sociedad.